Arizona acelera la instalación de baterías conectadas a la red, pero su crecimiento afronta incertidumbres

24 de agosto de 2026. Arizona está ganando peso en el despliegue de almacenamiento conectado a la red en Estados Unidos. El estado instaló durante la primera mitad de 2026 más capacidad de baterías que cualquier otro, salvo Texas, según un análisis de Canary Media basado en datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA).

El avance prolonga una tendencia registrada el año anterior, cuando Arizona superó a California tanto en nuevas instalaciones de almacenamiento como en incorporaciones de energía solar a escala de red. En los últimos meses, el estado recibió tres grandes proyectos de baterías: Beehive, Catclaw y Pediment. Cada uno cuenta con 250 megavatios de potencia y 1 gigavatio-hora de capacidad de almacenamiento.

A estos proyectos se sumaron varias instalaciones de menor tamaño. Arizona también igualó prácticamente a Florida en nuevas instalaciones solares durante los seis primeros meses del año, solo por detrás de Texas. Además, incorporó 300 megavatios de generación eléctrica con gas y 500 megavatios de energía eólica.

Texas y California, sin embargo, mantienen una ventaja considerable en capacidad solar y de almacenamiento conectada a sus redes. En ambos estados, las baterías han contribuido a evitar problemas de suministro durante episodios de calor o frío extremos. También han reducido los precios mayoristas al desplazar parte de la generación con gas, más cara, por electricidad solar almacenada durante las horas de mayor producción fotovoltaica.

Hasta ahora, Texas y California eran los únicos estados capaces de mantener durante años un ritmo de construcción de baterías de varios gigavatios. Arizona está ampliando ese mapa, aunque organizaciones defensoras de las renovables temen que el giro político contrario a la energía limpia pueda detener el crecimiento.

El contexto de Arizona es diferente al de los dos líderes del almacenamiento. Texas permite que las baterías compitan en un mercado energético abierto y desregulado, lo que atrajo inversiones cuando los promotores detectaron oportunidades de rentabilidad. California, por su parte, impulsó durante años políticas de apoyo al almacenamiento vinculadas a sus objetivos de descarbonización, con obligaciones para que las compañías eléctricas invirtieran en baterías y fuertes restricciones a la construcción de nuevas centrales de gas.

Arizona no cuenta con un mercado energético libre como el de Texas ni con un mandato de almacenamiento comparable al de California. El suministro está dominado por varias compañías eléctricas integradas verticalmente, entre ellas Arizona Public Service (APS), Tucson Electric Power y Salt River Project. Además, la comisión estatal de regulación de servicios públicos eliminó recientemente el objetivo de energía renovable que había estado vigente durante dos décadas.

La abundancia de sol y el clima seco y despejado siguen favoreciendo a la energía solar como una de las opciones más económicas para producir electricidad en Arizona. Sin embargo, el aumento de la generación fotovoltaica puede reducir el valor de producir más electricidad en las horas centrales del día. Las baterías permiten almacenar ese excedente y utilizarlo posteriormente, cuando la demanda y los precios aumentan.

La actual oleada de proyectos tiene también su origen en decisiones adoptadas varios años atrás. En 2018, la Arizona Corporation Commission criticó a APS por depender demasiado de las centrales de gas en su planificación a largo plazo. Esa presión llevó a la compañía a considerar las baterías como una alternativa competitiva para cubrir los picos de demanda.

Posteriormente, la Administración Biden aprobó en 2022 la Inflation Reduction Act, que consolidó durante una década los créditos fiscales para instalar sistemas solares y baterías. En los años siguientes, las principales compañías eléctricas del estado se comprometieron a descarbonizar sus flotas a mediados de siglo. Los proyectos que ahora entran en funcionamiento son, en buena medida, el resultado de los contratos firmados durante ese periodo.

El entorno político ha cambiado desde entonces. La Administración Trump debilitó el marco climático de Biden, aunque mantuvo específicamente los créditos fiscales para las baterías. APS abandonó sus objetivos climáticos y el regulador estatal ha adoptado una posición más enfrentada con las renovables. La legislatura también planteó medidas para exigir que el 85% de la capacidad eléctrica proceda de fuentes gestionables o de carga base, excluyendo a las renovables intermitentes, y para calificar como “public nuisance” los parques solares y eólicos situados a menos de cuatro millas de una vivienda.

Las compañías eléctricas también pueden modificar el ritmo de contratación, incluso aunque la solar y las baterías sigan siendo competitivas. APS, el mayor promotor de baterías del estado, indicó en una sesión de planificación celebrada en julio que excluiría las baterías de cuatro horas de sus modelos energéticos a largo plazo y limitaría las opciones a sistemas con entre seis y ocho horas de duración. Ampliar las horas de descarga mejora la cobertura de la red, pero eleva los costes de construcción.

La construcción continuará a un ritmo elevado durante 2026, según los datos de la EIA. No obstante, la evolución posterior dependerá de las decisiones de las compañías eléctricas y de los cambios políticos y regulatorios en Arizona. Fuente: Canary Media.